Aunque se lleva trabajando muchos años en la regulación de los reconocimientos médicos para la práctica deportiva en España, la realidad es que estos exámenes médicos siguen siendo, en el mejor de los casos, un requisito más que algunas federaciones deportivas exigen a la hora de tramitar una licencia.
Hemos ido superando diferentes discusiones hasta tener hoy en día un consenso bastante generalizado entre los profesionales del deporte en general, y de la Medicina del Deporte en particular. Hubo un tiempo en que se discutía (y todavía hoy se discute) si debían regularse o no estos reconocimientos.
Era la eterna confrontación entre el modelo norteamericano, que deja al ciudadano la libertad y responsabilidad respecto a su salud y a los riesgos que desea asumir, y el europeo, que establece un control basado en la responsabilidad de las Administraciones en la protección de la salud de sus ciudadanos. Esta discusión quedó pronto resuelta a favor de la regulación, al menos en lo referente al deporte federado y el deporte de competición (municipal, asociativo…).
También se discutió sobre los contenidos, pero este es un tema que a fuerza de trabajo por parte de muchos profesionales y de puesta en común de diferentes experiencias, se resolvió.
Entonces, ¿por qué no tenemos una regulación normativa sobre la realización de reconocimientos médicos para la práctica deportiva?
En primer lugar, las competencias en deporte y en salud están totalmente transferidas a las Comunidades Autónomas por tanto, cualquier regulación de carácter nacional sólo sería un marco de recomendaciones o de mínimos.
En el caso de Andalucía, hay dos escollos que están frenando esta regulación: quién los realiza y el segundo (que deriva del anterior) quién asume su coste. Se ha discutido sobre si estos reconocimientos se asumen a nivel público, privado o se adopta un sistema mixto. En la situación de crisis actual, la asunción exclusivamente pública resultaría inviable.
El verdadero escollo surge cuando se plantea la posibilidad de que el sistema público de salud asuma una parte de los mismos, al menos en lo referente a la población general y el deporte para todos. La dificultad está en el hecho de que la sanidad pública se ocupa de la enfermedad común y sus prestaciones no incluyen la medicina preventiva, aunque resulta paradójico que un sistema se denomine “de salud” cuando sólo resulta operativo si estamos enfermos.
Opino que debería asumirse como un gasto privado, aunque podrían regularse determinadas situaciones en las que la Administración asumiera esta prestación. De hecho, nuestra Comunidad actualmente puede prestar estos servicios con calidad y cubrir una parte importante de la demanda y colaborar así a un sistema mixto público-privado.
En campos donde prevalece la competición, ya sea oficial (deporte federado, universitario o escolar) o no oficial (como las populares), creo que debe regularse la realización obligatoria de un reconocimiento médico periódico con cargo al propio deportista, aunque las administraciones y federaciones puedan habilitar fórmulas para soportar parte del gasto. Sin embargo, en el deporte de ocio debe prevalecer el consejo de hacerse controles médicos adecuados a la actividad que se realiza y a las condiciones personales de cada uno.